La Cámara de Diputados aprobó esta noche en general el proyecto de ley que castiga la trata de personas para fines de explotación tanto sexual, laboral, extracción de órganos o de sumisión a la servidumbre, con penas que van de tres a quince años de prisión.
Claudio Lozano, de Proyecto Sur, que llevó al recinto la postura de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), manifestó dudas sobre el tema del consentimiento, postuló incorporar "el reconocimiento expreso para que las organizaciones sociales puedan convertirse en querellantes" y por ello pidió el regreso del proyecto a comisión.
Por su parte, los opositores, denunciaron ante la Cámara presunta complicidad entre la Policía Federal y algunas redes de prostitución. Gil Lozano planteó, además, la necesidad de aprobar por ley la creación de un "comité de protección para las víctimas" en el marco de la ley.
La norma establece para el delito una pena de 3 a 6 años, que puede elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima. En el caso de las personas explotadas sean menores de edad, la pena aumenta a 15 años de cárcel.
Los opositores a la ley cuestionaron, en especial, el artículo que establece que para comprobar el delito en el caso de mayores de edad tiene probarse que las víctimas fueron reclutadas mediante "engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o pagos".
Las víctimas, según diferentes organizaciones sociales, se niegan a declarar ante la Justicia y realizar acusaciones por miedo a represalias. Por eso reclamaron una protección a las víctimas de la misma categoría como la protección de testigos.
Claudio Lozano, de Proyecto Sur, que llevó al recinto la postura de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), manifestó dudas sobre el tema del consentimiento, postuló incorporar "el reconocimiento expreso para que las organizaciones sociales puedan convertirse en querellantes" y por ello pidió el regreso del proyecto a comisión.
Por su parte, los opositores, denunciaron ante la Cámara presunta complicidad entre la Policía Federal y algunas redes de prostitución. Gil Lozano planteó, además, la necesidad de aprobar por ley la creación de un "comité de protección para las víctimas" en el marco de la ley.
La norma establece para el delito una pena de 3 a 6 años, que puede elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima. En el caso de las personas explotadas sean menores de edad, la pena aumenta a 15 años de cárcel.
Los opositores a la ley cuestionaron, en especial, el artículo que establece que para comprobar el delito en el caso de mayores de edad tiene probarse que las víctimas fueron reclutadas mediante "engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o pagos".
Las víctimas, según diferentes organizaciones sociales, se niegan a declarar ante la Justicia y realizar acusaciones por miedo a represalias. Por eso reclamaron una protección a las víctimas de la misma categoría como la protección de testigos.
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